07 Nov 2019

Díaz (PSOE): “La nefasta gestión del PP cuesta a los almerienses casi 30 millones a pagar en dos sentencias e hipoteca las inversiones”

Para intentar abonar las expropiaciones del Paseo Marítimo “en cómodos plazos”, se deja con sueldos indignos a las empleadas de ayuda a domicilio


El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha asegurado que “el resultado de la nefasta gestión del PP nos va a costar a los almerienses cerca de 30 millones de euros para abonar dos sentencias judiciales, por no haber defendido el interés general como corresponde y por haber actuado con una pasividad intolerable” en torno a las expropiaciones necesarias para la ampliación del Paseo Marítimo. “Una nefasta gestión –ha incidido-, que hipoteca el futuro de las inversiones en la ciudad para que los almerienses vivamos mejor” y, en concreto, “para dotarla de mejores servicios, para mejores equipamientos en los barrios o para cumplir con una deuda histórica con las trabajadoras de la ayuda a domicilio a las que, una vez más, dejan tiradas” y no podrán alcanzar el compromiso de contar con un sueldo digno.

En ese sentido, ha explicado, que “30 millones de euros es lo que se ha presupuestado en los dos últimos años para inversiones en Almería que, además, tampoco se han ejecutado por completo porque trabajar bien no es algo que defina al Partido Popular”. De esa manera se ha expresado Díaz durante el debate en pleno de la modificación presupuestaria de 5,3 millones elevada por el equipo de gobierno, ante la que los socialistas se han abstenido, para tratar de comenzar a pagar “esa nefasta gestión del PP, en cómodos plazos”. “Esperemos, por el bien de la ciudad, que se llegue a un acuerdo con el juzgado para ese plan de pagos para que el Ayuntamiento de Almería no acabe probablemente en la bancarrota”, ha continuado.

Para hacer frente al primer pago parcial, el Partido Popular “dice que puede sacar el dinero de partidas –presupuestadas en las cuentas de 2019- que iban destinadas al servicio de alquiler de bicicletas que nunca llega, de la aportación municipal a proyectos de movilidad sostenible vinculados a fondos europeos o, en el colmo de la desfachatez política, del dinero destinado y prometido personalmente por el alcalde para subir el sueldo de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que era 1 millón de euros”.

Fue una moción socialista la que impulsó un compromiso en 2019 para el aumento de sueldo de las cerca de 600 trabajadoras hasta alcanzar el mínimo de 1.000 euros netos mensuales a largo de 4 años, pero que con esta modificación presupuestaria, el alcalde va a incumplir, al igual “que sus compromisos” adquiridos.

Origen y cambio de criterio

Díaz ha explicado que el origen de estas sentencias son los expedientes de expropiación de dos fincas para la ampliación del Paseo Marítimo cuyas empresas propietarias, en 2005, presentaron escrito al Ayuntamiento “por el que propusieron la permuta de esos terrenos por otros en la Vega de Acá” y ahora resulta que se les va a terminar abonando 30 millones.

En principio, ha recordado, “el entonces concejal de Urbanismo, Juan Megino, parecía que la intención del Ayuntamiento era llegar a ese acuerdo, pero al llegar otro concejal, Pablo Venzal, ese criterio cambió”. Así las cosas, “pese a haber convenios urbanísticos firmados para hacerse con los terrenos, en 2006, la propiedad de los terrenos presenta una reclamación al Ayuntamiento por la que solicita la ejecución forzosa de la expropiación, amparada por Ley, después de que hubieran pasado más de 4 años desde la firma del convenio urbanístico sin haberse procedido a esa expropiación”.

En 2006, la empresa pedía menos de 7 millones al Ayuntamiento, y la respuesta del entonces gobierno municipal del PP “fue desistir del procedimiento de expropiación, con fundamento en una supuesta falta de acuerdo en el justiprecio” y en que “la Gerencia de Urbanismo tenía poco más de 11 millones de presupuesto y pagar casi 7 era insostenible”. “7 millones en 2006, 30 millones pagamos en 2019”, ha enfatizado Díaz.

Pero ante la falta de acuerdo de ese momento, ha proseguido el edil, “evidentemente, los propietarios presentan nuevo escrito en el que cambia la valoración del terreno y demanda ante el juzgado”. A partir de ahí, según se desprende de todo un expediente al que los socialistas tuvieron acceso antes de las elecciones municipales después de 4 meses de impedimentos por parte del anterior concejal de Urbanismo, ahora cabeza de lista al Congreso por el PP, y de la actual, “han ido recayendo sentencias judiciales en contra de las tesis defendidas por el Ayuntamiento” y durante las que el equipo de gobierno actuó de modo “negligente”.

La negligencia

Esa negligencia se sustenta en que, según ha detallado Díaz, “una vez que los propietarios presentan una demanda contra la resolución de la Comisión Provincial de Valoraciones y la misma se notifica al Ayuntamiento como codemandado, tal y como queda acreditado en expediente, no se contesta a la demanda por el Consistorio en el plazo correspondiente”. “Un año y medio después –ha espetado Pedro Díaz-, pretenden que se retrotraiga el procedimiento y, lógicamente, la justicia no accede a esa pretensión”.

Todo desemboca en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condenan al Ayuntamiento a pagar esos 30 millones en concepto de valoración de los terrenos más los intereses de demora acumulados. Para cerrar lo ocurrido, desde el PSOE han puesto el acento en que a pesar de “estar convencidos -en el PP- de que no iban a prosperar, por no haber defendido el interés general como correspondía”, presentó recurso de casación de ambas ante el Tribunal Supremo y tras ser inadmitidos, en el último intento “a la desesperada” posible, intentó anular las sentencias “a través de incidentes de ejecución, que ya sabemos que, en un caso, ha sido ya rechazado y que es muy probable que también lo sea en el otro”.

Y eso ha llevado, para concluir, a que se inicie el abono de estas sentencias teniendo que lamentar desde el PSOE que para ello, con la modificación presupuestaria del Partido Popular con la que “se le mete la mano en el bolsillo a las trabajadoras de ayuda a domicilio, unas excelentes profesionales que hacen un trabajo digno de reconocimiento”.